2 junio, 2019
El pasado 24 de mayo de 2019 se publicó en la web del Ministerio de Economía del Gobierno de España un Anteproyecto de Ley que pretende reformar la normativa española de sociedades con el objetivo de transponer la Directiva Europea por la que se promueve la implicación a largo plazo de los accionistas. En este sentido, y aunque no sea requerido por la Directiva comunitaria, el Anteproyecto de Ley de reforma de la normativa española de sociedades propone, entre otras medidas, que las sociedades cotizadas tengan la posibilidad de implementar “acciones de lealtad”. En esencia, estas acciones permitirán duplicar los derechos de voto de aquellos accionistas que permanezcan en la empresa durante un periodo mínimo de dos años. Para ello, bastará con un acuerdo adoptado por una mayoría reforzada de la junta general.
A través de esta medida, el Gobierno pretende fomentar la implicación de los accionistas en el gobierno corporativo de las empresas, así como contribuir a la creación de valor a largo plazo protegiendo a los administradores de posibles presiones de inversores cortoplacistas.
En nuestra opinión, las acciones de lealtad no sólo no contribuyen a los objetivos pretendidos por el Gobierno sino que, de hecho, pueden perjudicar la financiación de empresas, el desarrollo del mercado de valores y el gobierno corporativo de las empresas españolas. Por este motivo, hemos participado en el proceso de consulta pública iniciado por el Ministerio de Economía al objeto de transmitir nuestra preocupación por esta reforma, y solicitar que el legislador español se abstenga de permitir las acciones de lealtad para las sociedades cotizadas. De lo contrario, sólo provocará que se incremente el riesgo de atrincheramiento y oportunismo de los socios de control (principalmente familias y el propio Estado), perjudicando de esta manera la tutela de los accionistas minoritarios y, con ello, el atractivo de las empresas y los mercados de valores en España. Y de permitirse este tipo de acciones, debería hacerse –como ocurre en otros países de nuestro entorno con las acciones con voto múltiple– para las sociedades no cotizadas que quieran salir a bolsa. De esta manera, los fundadores/socios de control sólo tendrán incentivos para adoptar las acciones de lealtad cuando crean –y convenzan a los inversores de que será así– que los posibles costes de estas acciones en términos de atrincheramiento en el control de la compañía y posible riesgo de oportunismo frente a accionistas minoritarios resultarán inferiores a los posibles beneficios asociados a un hipotético favorecimiento de la maximización a largo plazo del valor de la empresa.
El documento íntegro en el que explico los problemas y riesgos asociados a la incorporación de las acciones de lealtad en las sociedades cotizadas españolas se encuentra en este enlace y se basa en la respuesta remitida al Gobierno instándole a abandonar la idea de implementar estas acciones en España o, en caso de hacerlo, sólo se permitan si se adoptan con anterioridad a la salida a bolsa.
Programa del V Congreso Anual del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas (Guayaquil, 13 y 14 de junio de 2019)
Fintech, Regtech y Legaltech: Fundamentos y Desafíos Regulatorios
About Aurelio Gurrea Martínez
Aurelio Gurrea Martínez
Aurelio Gurrea Martínez es profesor de Derecho de sociedades, regulación financiera y Derecho concursal en la Singapore Management University y director de la Iniciativa Global de Reestructuraciones de Singapur. Asimismo, es fundador y director del lnstituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas. Ha sido profesor, investigador o ponente en diversas instituciones de Estados Unidos, Reino Unido, Europa, Asia, Australia, África, Oriente Medio y América Latina, incluyendo la Universidad de Harvard, la Universidad de Columbia, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Chicago y la Universidad de Yale. Es abogado, economista y auditor de cuentas. Doctor en Derecho. Master en Derecho y Finanzas por la Universidad de Oxford y Master en Derecho y Estudios Legales Internacionales por la Universidad de Stanford. Aurelio es miembro investigador del European Corporate Governance Institute, así como miembro de la American Law and Economics Association, el Asian Corporate Forum y el American Bankruptcy Institute. Asimismo, es miembro del comité de dirección académica de INSOL International, miembro de la mesa redonda de gobierno corporativo para América Latina de la OECD, miembro del Task Force de Insolvencia y Derechos de acreedores/deudores del Banco Mundial y co-director de la iniciativa global de reestructuraciones e insolvencia promovida por la Universidad de Chicago, la Univerdidad de Cambridge, la Universidad de Harvard y Singapore Management University. Ha recibido diversos premios y condecoraciones, incluyendo la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort otorgada por el Ministerio de Justicia del Gobierno de España, la Beca Talentia otorgada por la Junta de Andalucía para realizar sus estudios de posgrado en la Universidad de Oxford y el premio a la excelencia docente en Singapore Management University. En 2016 recibió el Premio “Rising Star in Corporate Governance” otorgado por la Universidad de Columbia de Nueva York. En 2021, se convirtió en el primer académico no estadounidense en recibir el Premio “40 under 40” del American Bankruptcy Institute. Y en 2024 fue nombrado “Cross-border Insolvency Academic of the Year” por Global Restructuring Review. Aurelio colabora frecuentemente con reguladores y organismos internacionales. En la actualidad, es consultor del Banco Mundial y miembro del Grupo de Expertos que asesora al Ministerio de Justicia de Singapur en materias relacionadas con los trabajos de insolvencia realizados por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL). Su trabajo académico ha influenciado diversas reformas legislativas en Asia, Europa y América Latina y ha sido citado o presentado en diversos foros y organismos internacionales, incluyendo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), la Autoridad Monetaria de Singapur, la Superintendencia de Sociedades de Colombia, la Asamblea Nacional del Ecuador, el Departamento del Tesoro de Australia y la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos. Su investigación se centra en la intersección entre el derecho y las finanzas, con especial énfasis en Derecho de sociedades, gobierno corporativo, regulación financiera y Derecho concursal, y el modo en que las leyes y las institucionales pueden favorecer el emprendimiento, la innovación, la financiación de empresas y la promoción del crecimiento económico.